Alarma: 100.000 discapacitados pueden quedarse sin cobertura
Portal Valores Religiosos (Buenos Aires, Argentina)
La Obra Don Orione denunció, junto a otras instituciones que brindan asistencia a personas con discapacidad (como AIEPESA, ASAC, CAIDIS y FENDIM), que se encuentra en riesgo la atención de casi 100.000 personas con capacidades diferentes en todo el país "porque los organismos encargados de protegerlos vulneran sus derechos".
En un comunicado de prensa, la Pequeña Obra de la Divina Providencia apuntó contra el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) por tomar "medidas que afectan directamente a niños, jóvenes y adultos con discapacidad de todo el país". Según quienes integran la denuncia, la SSS, que preside Liliana Korenfeld, desconoció las prestaciones reconocidas por la ley 24.091 de Prestaciones Básicas a través de la Resolución 1200/12, publicada el pasado 3 de octubre. El documento del organismo redujo o directamente suprimió el reintegro que se le da por parte de la Administración de Programas Especiales (APE) a las obras sociales. Estos fondos eran destinados, entre otras cosas, a pagar las prestaciones de discapacidad que reconoce la Ley 24.901. Mientras tanto, el organismo no resolvió a la fecha la inscripción de las instituciones que brindan servicios para personas con discapacidad en su Registro de Prestadores, lo cual coloca en una situación delicada a muchas de estas entidades. Las obras sociales, entonces, podrían detener en cualquier momento las órdenes de atención de los afiliados, dejándolos sin prestaciones.
En un comunicado de prensa, la Pequeña Obra de la Divina Providencia apuntó contra el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) por tomar "medidas que afectan directamente a niños, jóvenes y adultos con discapacidad de todo el país". Según quienes integran la denuncia, la SSS, que preside Liliana Korenfeld, desconoció las prestaciones reconocidas por la ley 24.091 de Prestaciones Básicas a través de la Resolución 1200/12, publicada el pasado 3 de octubre. El documento del organismo redujo o directamente suprimió el reintegro que se le da por parte de la Administración de Programas Especiales (APE) a las obras sociales. Estos fondos eran destinados, entre otras cosas, a pagar las prestaciones de discapacidad que reconoce la Ley 24.901. Mientras tanto, el organismo no resolvió a la fecha la inscripción de las instituciones que brindan servicios para personas con discapacidad en su Registro de Prestadores, lo cual coloca en una situación delicada a muchas de estas entidades. Las obras sociales, entonces, podrían detener en cualquier momento las órdenes de atención de los afiliados, dejándolos sin prestaciones.
Texto completo: http://www.valoresreligiosos.com.ar/ver_nota.asp?Id=32111
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