Diario Clarín – Sección Sociedad - Por Sibila Camps
La mujer a quien un grupo pro-vida y una jueza sin competencia jurídica negaron sus derechos, es una víctima de trata de personas con fines de explotación sexual, con quien el Estado acumuló ayer varias deudas más. No recibió educación en salud sexual o, al menos, no a tiempo, ya que tuvo su primer hijo a los 16 años,
y luego otro varón y una nena. Es jefa de familia y vive en el Gran Buenos Aires, en condiciones de gran vulnerabilidad social. Buscaba trabajo cuando fue secuestrada: cayó en una agencia de empleos trucha –de las varias que se publicitan en el conurbano y en la Ciudad, sin control de las autoridades–, que en realidad era una fachada para reclutar mujeres, para una red de trata con fines de prostitución . Le ofrecieron ubicarla como empleada doméstica y la hicieron concurrir tres veces. En la última, el 28 de julio pasado, l a drogaron y la secuestraron. La mujer, de 35 años, fue llevada al sur, donde están varios de los destinos más frecuentes de las víctimas de trata. No sabe dónde la mantuvieron encerrada y drogada; sólo sabe que la prostituyeron en burdeles de tres lugares distintos. Tiene idea de que uno de esos fue “unas casitas en Santa Cruz”; probablemente sea Las Casitas, en Río Gallegos, el barrio prostibulario más famoso de la Argentina.
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